El 2 de octubre, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas autorizó una nueva intervención armada en Haití. Washington ya prepara la logística para ejecutar una misión cuyo objetivo oficial es arrebatar el control de Puerto Príncipe a las bandas criminales que operan como ejércitos paramilitares.
No es una misión de paz convencional. Se trata de una operación de limpieza criminal financiada y organizada por Estados Unidos, aunque bajo el paraguas de la ONU.
¿Por qué Washington subcontrata la fuerza militar?
Estados Unidos ha decidido no movilizar su propio ejército equipado para el despliegue inicial. En su lugar, el plan consiste en enviar a unos 1,000 agentes policiales de Kenia para realizar el reconocimiento del terreno y ejecutar las primeras acciones.
Esta estrategia busca reducir el coste humano y político de desplegar tropas estadounidenses en un entorno hostil.
El gobierno de Ariel Henry, quien ejerce un mandato de facto tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse en 2021, solicitó formalmente esta intervención. Henry nunca fue ratificado por un parlamento, ya que Moïse impidió la celebración de elecciones, dejando el país sin funcionarios electos y en un vacío de poder absoluto.
Este escenario fue impulsado por el Core Group, organización que agrupa a representantes de la ONU y potencias extranjeras.
La recurrencia de las intervenciones estadounidenses en Haití
Esta operación representaría la séptima vez que Estados Unidos invade la isla o patrocina a quienes lo hacen desde la independencia haitiana en 1804. Los expertos coinciden en que ninguna de las incursiones previas ha generado una mejora real en la estabilidad del país.
La ocupación más devastadora ocurrió entre 1915 y 1934. Durante 19 años, las tropas estadounidenses controlaron la isla, frenando cualquier avance económico y social hasta que la Gran Depresión de 1929 obligó a la retirada.
En 2004, Washington inició otra intervención que derivó en una misión de mantenimiento de la paz de la ONU hasta 2019. Durante esos 15 años, el despliegue incluyó 22,000 soldados y portaaviones.
Según diversas fuentes, el objetivo real no era la estabilidad política, sino contener el éxodo migratorio provocado por el terremoto de 2010.
El costo financiero de evitar la responsabilidad directa
Washington ha perfeccionado la subcontratación de ejércitos extranjeros para ejecutar el trabajo operativo. En 1994, la Operación Defender la Democracia utilizó una fuerza multilateral para reinstalar a Jean-Bertrand Aristide, mientras que en 2004 se apoyaron en tropas canadienses, francesas y chilenas.
Posteriormente, la misión MINUSTAH, liderada por Brasil, asumió el control operativo.
Un informe de la GAO de 2006 reveló que ejecutar una operación similar directamente con tropas estadounidenses habría costado 7,5 veces más que la contribución oficial a la ONU. El ahorro económico se traduce también en una evasión de responsabilidades políticas.
Mientras la MINUSTAH fue acusada de abusos sexuales, asesinatos de civiles y de provocar una epidemia de cólera, el gobierno estadounidense mantuvo su distancia operativa.
Una red de subcontrataciones cruzadas
La estructura de la actual misión es un entramado de delegaciones. La ONU aprobó la intervención, pero su departamento de operaciones de paz no asumirá responsabilidad directa, denominándola Misión de Apoyo a la Seguridad Multinacional.
Kenia liderará el despliegue terrestre.
A su vez, Kenia contará con el apoyo de fuerzas de Bahamas y Jamaica. Estados Unidos financiará la logística con una promesa de 100 millones de dólares destinados a inteligencia, transporte aéreo y comunicaciones.
El esquema es circular: Estados Unidos subcontrata a la ONU, la ONU subcontrata a Estados Unidos para la logística y este último subcontrata a Kenia para el combate.
El rechazo de Canadá y Brasil a liderar la misión
Washington no eligió a Kenia como primera opción. Durante meses, el Departamento de Estado intentó convencer al gobierno de Justin Trudeau para que Canadá tomara las riendas de la intervención.
Canadá utilizó tácticas dilatorias para evitar el compromiso.
El Primer Ministro canadiense argumentó que las intervenciones pasadas no habían logrado crear estabilidad a largo plazo. Por otro lado, Brasil, bajo la presidencia de Lula da Silva, también rechazó la propuesta.
Lula recordaba la experiencia de 2004, cuando la misión brasileña terminó en escándalos por masacres de civiles y la muerte de uno de sus comandantes en el Hotel Montana de Puerto Príncipe.
El colapso social y la guerra civil urbana
La urgencia de la intervención surge de un estado de anarquía casi total. Las bandas criminales controlan la capital y diversas regiones, disparando las tasas de secuestros, extorsiones y asesinatos.
Ante la incapacidad del Estado, surgió el movimiento civil de vigilancia Begu Kale.
Este grupo de ciudadanos ha lanzado contraataques contra las pandillas, resultando en el linchamiento de aproximadamente 395 delincuentes. María Isabel Salvador, enviada especial de la ONU, describe la situación como una guerra civil entre el crimen organizado y la población.
La parálisis económica es absoluta. El hambre se ha extendido y la UNICEF reporta que el 30% de los niños, aproximadamente 115,000, sufren desnutrición grave.
Tensiones históricas y el control de las finanzas
La relación entre ambos países ha estado marcada por la sospecha desde el siglo XVIII. Tras la Revolución Haitiana de 1791 y la independencia de 1804, los terratenientes del sur de Estados Unidos temieron que el ejemplo de libertad de los esclavos haitianos inspirara revueltas similares en su territorio.
Esto derivó en un embargo comercial y una hostilidad sistemática.
Haití fue obligada a pagar una indemnización astronómica a Francia por su independencia, lo que hipotecó la economía del país durante dos siglos. Estados Unidos aprovechó esta fragilidad para intentar anexarse la isla o controlar sus puertos.
A finales del siglo XIX, Benjamin Harrison intentó forzar el arrendamiento del puerto de la capital, sin éxito. Posteriormente, Washington vio con recelo la influencia de Alemania, que controlaba el 80% del comercio internacional haitiano y gran parte de sus servicios públicos.
El detonante de la intervención de 1915
La inestabilidad política de principios del siglo XX, con múltiples golpes de estado entre 1908 y 1914, fue el pretexto para la primera gran invasión. El detonante fue la ejecución de 160 presos políticos y el asesinato del presidente Vilbrun Guillaume Sam, quien fue desmembrado por la multitud en Puerto Príncipe.
El presidente Woodrow Wilson envió a los Marines para proteger los intereses económicos estadounidenses y evitar la expansión alemana.
La ocupación duró 19 años y culminó con la imposición de un tratado que otorgaba a Washington el control total sobre las finanzas haitianas y el derecho de intervenir militarmente cuando lo considerase oportuno.
Hoy, Puerto Príncipe permanece bajo el dominio de bandas armadas y la amenaza de una nueva fuerza extranjera.