Suele creerse que el envejecimiento poblacional es un privilegio de las naciones opulentas, un problema de primer mundo que llega lento y acompañado de sistemas de salud eficientes. En México, la realidad opera con una lógica distinta: el país envejece a una velocidad vertiginosa, pero lo hace sin la infraestructura financiera ni la red de seguridad social necesaria para sostener a sus ancianos.
Esta transición demográfica no es un proceso gradual, sino una colisión. Mientras el país intenta capitalizar su posición como principal socio comercial de Estados Unidos, se enfrenta a una paradoja cruel. Para sostener el crecimiento económico y la inversión en infraestructura, México requiere una fuerza laboral joven y educada, pero la base de su pirámide poblacional se está estrechando.
La Ciudad de México acelera el colapso demográfico
El Censo de Población y Vivienda 2020 reveló una tendencia alarmante. México no es un bloque homogéneo en su envejecimiento; existen nichos donde la vejez es sinónimo de desprotección. Actualmente, existen 10,321,914 personas mayores de 65 años, un grupo donde las mujeres predominan con un 54% del total.
La velocidad de este proceso es especialmente agresiva en la capital. El índice de envejecimiento, que mide la cantidad de personas mayores de 60 años por cada 100 menores de 14, es de 48 a nivel nacional. Sin embargo, en la Ciudad de México, esa cifra se dispara a 90. La capital envejece al doble de velocidad que el promedio del país, superando incluso el ritmo de estados como Morelos o Veracruz.
Esta presión demográfica impacta directamente en la fuerza laboral. Según datos destacados por el periódico La Jornada, el 32.6% de la fuerza laboral está compuesta por personas mayores de 60 años, una cifra que mantiene un crecimiento constante desde el año 2000.
El mito de la jubilación universal en México
Existe la idea errónea de que el sistema de pensiones es una red que atrapa a todos los trabajadores. La realidad es que solo el 40% de los mexicanos cuenta con un plan de retiro. El vacío restante es el resultado de una informalidad laboral crónica y de una desconfianza sistémica hacia el manejo de los fondos públicos.
Muchos trabajadores rechazan el empleo formal bajo la creencia de que el gobierno puede disponer arbitrariamente de los ahorros acumulados en las Afores. Es un error de cálculo; esos fondos son intocables. Aun así, el daño ya está hecho: la masa de trabajadores informales no posee un colchón financiero y dependerá enteramente de los aportes de los pocos que sí cotizan.
La situación de las mujeres es la más crítica. Debido a su mayor longevidad, son ellas quienes más tiempo viven solas y en condiciones de indefensión socioeconómica. Tienen menor acceso a pensiones, lo que las deja vulnerables justo cuando las enfermedades crónicas requieren gastos médicos que no pueden costear.
Por qué los millennials enfrentarán la peor crisis de retiro
El sistema actual sobrevive gracias a una relación numérica que está a punto de romperse. Hoy existen tres trabajadores por cada jubilado, lo que permite que las contribuciones mantengan la operatividad del modelo. Pero este equilibrio es temporal.
Cuando la generación millennial llegue a la edad de retiro, esa relación se reducirá a la mitad. El diario El Universal advierte que, con solo un trabajador y medio por cada jubilado, el sistema actual es matemáticamente inviable.
Esto implica dos escenarios probables y dolorosos: que las cuotas obligatorias sobre el sueldo aumenten drásticamente mucho antes de que los jóvenes se jubilen, o que las pensiones, que ya son insuficientes, sufran recortes adicionales.
El peso insostenible de las pensiones no contributivas
Para entender el descalabro financiero, hay que diseccionar el sistema en capas. El llamado Pilar uno, basado en fondos de reparto donde contribuyen el empleado, el patrón y el Estado, alcanzó un gasto de 1.3 billones de pesos en 2023.
A esto se suma el problema de las pensiones no contributivas, impulsadas por la universalización de la pensión para adultos mayores. Si bien mejorar el ingreso de los ancianos pobres es un objetivo social válido, como política pública es financieramente insostenible. El año pasado, este esquema representó un gasto de 359,000 millones de pesos, equivalente al 1.1% del PIB, y se prevé que la cifra se duplique.
El gobierno se encuentra atrapado. Reducir o eliminar estas pensiones es políticamente impensable, pero mantenerlas crea un ancla financiera que asfixia las arcas públicas mientras más trabajadores se retiran del sistema de reparto.
La insuficiencia estructural de las Afores
En 1997, México cambió su modelo hacia las cuentas individuales gestionadas por las Afores, supervisadas por la Consar. El objetivo era fomentar el ahorro interno y desahogar al Instituto Mexicano del Seguro Social.
Sin embargo, el modelo de contribución definida ha fallado en garantizar la calidad de vida. A pesar de la reforma de 2020, se estima que la tasa de reemplazo —el porcentaje del último salario que se recibe como pensión— sea apenas del 30% para la mayoría de los trabajadores.
Los salarios bajos, que rondan los 8,000 pesos mensuales, hacen que el ahorro voluntario sea una utopía para el trabajador promedio.
El espejo japonés y la advertencia asiática
América Latina podría observar a Japón para entender su futuro. El país nipón es el más envejecido del mundo; su gobierno estima que la población caerá 44 millones entre 2008 y 2100 debido a la baja fertilidad y la insuficiente inmigración.
Para evitar el colapso, Japón ha implementado medidas drásticas que hoy parecen impensables en Occidente: * Reducción de las pensiones en un 30% en 2019. * Incremento de la edad de retiro de 60 a 65 años, con propuestas para llevarla a los 70. * Implementación de penalizaciones del 6% en el monto de la pensión por cada año de retiro temprano. * Bonos del 8.4% para quienes retrasen su jubilación.
En Corea del Sur, la situación es similar. Las corporaciones han tenido que subsidiar fondos de retiro para empleados que no pueden jubilarse. El resultado es una pobreza del 40% entre los ancianos coreanos y una Generación Z que ha asumido que el concepto de retiro es una reliquia del pasado.
La fragilidad institucional de América Latina
Mientras que en Francia las protestas de 2023 contra el aumento de la edad de retiro a los 64 años obligaron al gobierno de Macron a retroceder, en América Latina la respuesta social podría ser más violenta debido a la crisis de representatividad.
Nicaragua sirve como caso de estudio. En 2018, una reforma de pensiones impulsada por la caída de los subsidios venezolanos detonó una ola de protestas masivas. Los gobiernos de la región son frágiles y carecen de la legitimidad necesaria para imponer ajustes presupuestarios sin riesgo de inestabilidad política.
La única vía de escape sería un crecimiento económico masivo que compense la caída de la fuerza laboral. Pero con la infraestructura actual y los sistemas educativos deficientes, esa posibilidad es remota.
México y el Caribe se enfrentan a una mezcla explosiva: problemas de países ricos en economías pobres. El destino más probable es el aumento de la edad de jubilación y la reducción del monto de las pensiones.
En el este de Asia y Europa, para 2050, una cuarta parte de la población tendrá más de 65 años.