Suele creerse que el colapso de Petróleos Mexicanos es el resultado de una mala racha coyuntural o de la caída imprevista de los precios del crudo. La realidad es más cruda: la empresa ha funcionado durante décadas como un cajero automático para la clase política, priorizando el gasto público inmediato sobre la inversión técnica y la sostenibilidad financiera.
El detonante de la insolvencia en Pemex
En septiembre de 2023, una filtración interna confirmó lo que los mercados ya sospechaban: la estatal mexicana admitió que estaba quebrada al no poder cubrir un pago de 500 millones de dólares a tres de sus proveedores. Este evento no fue un accidente aislado, sino la culminación de una trayectoria de morosidad crónica que ha convertido a la compañía en la petrolera más endeudada del planeta.
El impacto de este agujero financiero desborda las oficinas de la empresa y golpea directamente la calificación crediticia de México. En 2022, la agencia Moody's degradó la deuda soberana del país tomando como parámetro la situación de la estatal. El peso de la compañía es tal que su morosidad alcanza el 8% del PIB mexicano, arrastrando la estabilidad macroeconómica de toda la nación.
La paradoja es irritante. Mientras que las operadoras petroleras bien gestionadas generan flujos de miles de millones de dólares, Pemex registra pérdidas millonarias anuales. Esta ineficiencia ocurre en un entorno donde el sector manufacturero ya aporta una parte significativa del PIB y podría potenciarse exponencialmente si contara con una fuente de energía barata y eficiente.
La herencia de la expropiación y el error de los años setenta
La compañía nació el 7 de junio de 1938 bajo el mandato de Lázaro Cárdenas, como respuesta a la negativa de las transnacionales de mejorar las condiciones laborales. La creación de la estatal permitió recuperar la soberanía sobre los hidrocarburos, basándose en la propiedad exclusiva de la nación sobre el subsuelo establecida en la Constitución de 1917.
Todo parecía marchar hacia el éxito en la década de 1970 con el descubrimiento del campo Cantarell. Este yacimiento, uno de los más grandes del Golfo de México, convirtió a la empresa en el motor económico del país. Sin embargo, el Estado cometió un error estratégico fatal: utilizó la bonanza para alimentar el gasto corriente.
Presidentes como Luis Echeverría Álvarez implementaron una política de asfixia tributaria que impidió a la petrolera reinvertir sus ganancias. Esta decisión condenó la exploración gasífera y la industria petroquímica, dejando a la empresa sin capacidad técnica para evolucionar.
La empresa se volvió la caja mágica del gobierno.
Una estructura de corrupción institucionalizada
El saqueo de Pemex no ha sido obra de empleados aislados, sino de una red de directivos y políticos con impunidad sistémica. El caso de Emilio Lozoya, director durante el gobierno de Peña Nieto y detenido en 2020, ejemplifica esta dinámica. Lozoya es acusado de aceptar sobornos de Odebrecht para adjudicar contratos, integrándose en la trama de corrupción más grande de la historia latinoamericana.
Antes de Lozoya, el patrón ya estaba establecido. Jorge Díaz Serrano, jefe de la corporación entre 1976 y 1981, terminó en la cárcel tras ser acusado de pagar 34 millones de dólares por dos barcos petroleros. En aquel entonces, la clase política utilizó a Díaz Serrano como un chivo expiatorio para cubrir la corrupción generalizada del boom petrolero.
Rogelio Montemayor, nombrado al final del gobierno de Ernesto Cedillo, también enfrentó la justicia en el caso conocido como Pemexgate por el financiamiento ilegal de Francisco Garibay en las elecciones del año 2000. Montemayor evitó la extradición desde Houston, demostrando que los recursos legales suelen proteger a quienes operan en la cima de la pirámide.
El control sindical y el fenómeno del Quinaz
La corrupción en la estatal no se limitó a la dirección general, sino que se ancló en el control sindical. Durante 30 años, desde 1958, Joaquín Hernández Galicia, apodado La Quina, ejerció un dominio tal que se decía que influía en la designación del presidente de la República.
Este imperio terminó abruptamente en enero de 1989 con el evento llamado el Quinaz. El ejército arrestó a Hernández Galicia en Tamaulipas mediante una operación donde se utilizó una bazuca. Carlos Salinas de Gortari, quien acababa de asumir la presidencia, puso fin al control sindical tras una relación tensa con el líder.
Años después, el patrón se repitió con Carlos Romero Deschamps, quien lideró el sindicato durante 26 años reeligiéndose cinco veces. En 2019, Deschamps fue acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Huyó del país, aunque siguió cobrando en la nómina de Pemex mientras estaba de vacaciones, hasta que fue obligado a renunciar en marzo de 2021.
La incapacidad técnica y el peso de la deuda
El problema central de Pemex no es la extracción, sino el procesamiento. Solo las áreas de exploración y producción son redituables; el sector de refinación es el verdadero lastre financiero. Debido a decisiones políticas, la empresa nunca desarrolló su capacidad refinadora, lo que obliga a México a enviar crudo para refinarlo en Estados Unidos.
Los números actuales son alarmantes. La compañía debe 105,000 millones de dólares, la cifra más alta de la última década. Entre 2021 y 2023, los gastos operativos se duplicaron, mientras que la producción de crudo apenas aumentó menos de un 7%.
La situación se agravó con la caída de los precios del crudo y sus derivados, sumada a una reducción del 2% en la producción de productos derivados. A pesar de que el gobierno de AMLO inyectó 73,000 millones de dólares, la empresa no logró estabilizarse porque no se implementaron reformas de competitividad.
Contratos leoninos y el robo de combustible
La gestión de Pemex ha estado plagada de acuerdos desventajosos. Un ejemplo es el caso de Ductos del Antiplano, donde la empresa debía pagar 383 millones de dólares por un gasoducto que nunca utilizó. La administración de AMLO logró renegociar el contrato en 2020, obteniendo un reembolso de 299 millones de dólares.
Otro acuerdo desastroso fue el firmado con Trafigura en 2015. Este contrato obligaba a Pemex a dar espacio gratuito, materias primas a bajo costo y comprar productos terminados con sobreprecio. De igual forma, la empresa pactó con Braskem y Desa penalizaciones exageradas por suministro de etano entre 2015 y 2018.
A estos errores administrativos se suma el huachicoleo. El crimen organizado ha sitiado la infraestructura de la empresa, robando combustible para venderlo incluso en Estados Unidos. Este delito requiere la complicidad de funcionarios federales y genera accidentes catastróficos con cientos de víctimas.
¿Puede Claudia Sheinbaum rescatar la estatal?
El gobierno actual estudia absorber hasta 40,000 millones de dólares de la deuda de Pemex mediante la recompra de bonos o la emisión de deuda soberana. Esta medida es la única vía viable, ya que la empresa no tiene capacidad de refinanciamiento y las transferencias directas solo empeoran el perfil de la deuda del Estado.
Claudia Sheinbaum, quien posee un doctorado en ingeniería ambiental, enfrenta el dilema de mantener el legado petrolero de su mentor mientras el mundo transita hacia energías limpias. Ha propuesto que Pemex explote litio, aprovechando las reservas de Sonora, pero esto plantea el riesgo de repetir los errores del pasado si se mantiene la exclusión del capital privado.
La viabilidad de la empresa es limitada. México alcanzó su pico petrolero en 2004 y el campo Cantarell ya no es productivo, generando menos de 2 millones de barriles diarios. Sin la capacidad técnica para explotar aguas profundas o esquistos, el futuro de la compañía apunta a una estructura más pequeña, con menos refinación y mayor apertura a socios privados.
El éxito de cualquier plan de rescate dependerá de la capacidad de la nueva administración para ejecutar la reducción de deuda antes de que la transición energética vuelva marginal la explotación de hidrocarburos.
El gobierno mexicano debe decidir si mantiene el símbolo de la soberanía energética a cualquier costo o si acepta que la operatividad real de Pemex requiere una quita de deuda de 40,000 millones de dólares.