México enfrenta un escenario hídrico crítico donde la disponibilidad de agua ya no es una variable manejable, sino una crisis instaurada. A principios de 2024, el déficit de precipitación alcanzó un 41.4%, una cifra que, según la meteoróloga de la UNAM Cristian Domínguez, advierte sobre la urgencia de implementar medidas extraordinarias. El aumento de la temperatura global prolonga las sequías, mientras que una población de 127 millones de habitantes y la expansión urbana descontrolada asfixian las fuentes tradicionales de abastecimiento.
Actualmente, más del 75% del territorio nacional padece sequía, con un 20% situado en niveles de sequía extrema, concentrados principalmente en el centro y norte del país. Esta carencia de lluvias impide que los embalses recuperen niveles saludables, obligando a un consumo acelerado de aguas subterráneas. El panorama se agrava por un sector industrial con demandas crecientes y un sistema de distribución deficiente que desperdicia miles de millones de litros anualmente.
El despliegue de inversión en infraestructura hídrica
Para frenar el colapso, el Gobierno de México ha puesto en marcha un plan de inversión masiva. Germán Martínez Santoyol, titular de la Comisión Nacional del Agua, informó sobre el desarrollo de 13 proyectos prioritarios que suman una inversión de 96,000 millones de pesos. Esta estrategia busca garantizar el derecho humano al agua y fortalecer la soberanía alimentaria mediante la ampliación de la superficie de riego.
El impacto proyectado alcanza a 22.2 millones de mexicanos. De este grupo, 9.6 millones recibirían agua potable y 55,566 usuarios agrícolas se verían beneficiados, permitiendo que 151,000 hectáreas se incorporen al riego.
La distribución geográfica de estas obras intenta cubrir los puntos más críticos del país. En Sonora, el Plan de Justicia impulsó el distrito de riego 018 y la construcción del acueducto Yi, destinado a abastecer a 34,000 habitantes de 50 comunidades. En Sinaloa, la presa Santa María ya capta agua para impulsar el desarrollo agrícola del sur, mientras que la zona de riego de la presa Picachos y el acueducto Concordia buscan recuperar la vocación agraria y mejorar el suministro humano en 12 comunidades locales.
En el sureste, el acueducto López Mateos-Ejupil en Campeche pretende dar servicio a 71,000 habitantes de Calakmul. Por otro lado, el Estado de México desarrolla el parque ecológico Lago de Texcoco, un área natural protegida de 14,000 hectáreas que regula cuerpos de agua e integra infraestructura de convivencia.
¿Son viables las desaladoras como solución definitiva?
La desalinización consiste en convertir el agua de mar en agua dulce apta para el consumo humano y la industria. Aunque México ya opera 15 plantas de este tipo, la mayoría pertenece al sector privado y sirve a procesos industriales o agrícolas. Solo en Baja California y Quintana Roo se han implementado plantas con un enfoque social directo.
Tijuana es un ejemplo de la vulnerabilidad hídrica actual. Más del 90% de su agua proviene del Río Colorado, dependiendo de un acuerdo con Estados Unidos firmado hace siete décadas. El agua llega a Mexicali, se almacena en la presa Morelos y recorre 140 kilómetros de acueductos hasta la presa El Carrizo para su potabilización. Ante esta inseguridad, el Gobierno Federal financiará el 50% de una nueva planta desaladora entre 2024 y 2025.
Existe un interés externo disruptivo. Una compañía israelí propuso un proyecto de 5,000 millones de dólares para desalinizar agua en México y canalizarla hacia Phoenix, Arizona. Esta ciudad estadounidense ha agotado sus aguas subterráneas debido a su rápido crecimiento demográfico, lo que convierte al litoral mexicano en un activo estratégico para el consumo estadounidense.
El modelo de eficiencia israelí y la cooperación técnica
Israel es el referente global en gestión hídrica debido a su geografía mayoritariamente desértica. Kenjiro Juárez, director de desarrollo de negocios de la embajada de Israel en México, destacó que este país recicla el 85% de su agua, destinando la mitad de ese volumen a la agricultura. Además, el 80% del agua doméstica en Israel proviene de la desalinización.
El costo operativo en Israel es notablemente bajo. Producir 1,000 litros de agua potable cuesta menos de 10 pesos, una cifra similar al precio de una botella de agua comercial. El gobierno israelí paga aproximadamente 8.94 pesos por cada 1,000 litros a las operadoras privadas.
México busca replicar esta eficiencia para evitar que la crisis hídrica se vuelva irreversible.
Proyectos específicos en Baja California y el Golfo
En Rosarito, se proyecta una planta de 48 millones de dólares con capacidad para producir 2,200 litros por segundo, equivalentes a 50 millones de galones diarios. El proyecto incluye un acueducto de 29 kilómetros para transportar el recurso hacia Tijuana. Aunque la gobernadora Mariana del Pilar Ávila Olmeda ha señalado que el proyecto requiere ajustes jurídicos y de diseño, el gobierno ya adquirió el terreno necesario por 6.1 millones de pesos para resolver un conflicto legal con la empresa Consolidated Water.
San Quintín ya cuenta con una planta de la compañía Berry Max que permitió rescatar la agricultura local, la cual había perdido el 72% de su superficie cultivable entre 1985 y 2015. Actualmente, se construye una nueva planta en la zona con una inversión de 8.21 millones de dólares y una capacidad de 250 litros por segundo.
En el Golfo de México, la situación es distinta. Guaimas puso en marcha una desaladora en 2022 con una inversión de 700 millones de pesos, donde la empresa Aquilia aportó la mitad del costo. En Tamaulipas, el municipio de Altamira contempló una planta de 600 millones de pesos, aunque el interés se diluyó temporalmente tras las lluvias del huracán Alberto. No obstante, empresas como Dinasol y Petrocel evalúan la viabilidad de nuevas plantas en los 430 kilómetros de litoral tamaulipeco.
Riesgos ambientales y el dilema de la salmuera
La desalinización no es un proceso inocuo. El principal desafío es el consumo energético masivo, que generalmente depende de fuentes no renovables, alimentando así el ciclo del cambio climático. Además, el presupuesto federal para infraestructura hídrica en 2024 fue de 44,000 millones de pesos, una cifra insuficiente frente a los 85,000 millones recomendados por expertos.
El problema técnico más grave es la generación de salmuera. Por cada 378 litros de agua de mar procesados, se obtienen aproximadamente 189 litros de agua potable y 189 litros de salmuera, un residuo con el doble de salinidad que el agua marina original. Verter este concentrado al océano altera la estabilidad de los ecosistemas costeros y afecta la pesca.
A escala global, existen más de 16,000 plantas desaladoras que generan diariamente 142 millones de metros cúbicos de salmuera. Organizaciones medioambientales advierten que el volumen anual de este residuo podría cubrir el estado de Florida con una capa de 30 centímetros.
La desalinización es una solución parcial. El agua resultante carece de los minerales esenciales para la hidratación humana, lo que requiere procesos de remineralización adicionales. El éxito de estas inversiones dependerá de la implementación de tecnologías que minimicen el impacto ecológico y reduzcan el gasto operativo.
La viabilidad a largo plazo de este modelo en México se mide en la capacidad de gestionar la salmuera sin destruir la biodiversidad marina, mientras se intenta cubrir la demanda de los 22.2 millones de habitantes beneficiados por el plan actual.